Peritaje Social

La actual Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la intervención profesional de las/los Trabajadoras/es Sociales como peritos en el ámbito judicial mediante la aportación de un Dictamen o Informe Pericial Social.

El Dictamen Pericial Social es una prueba más en el proceso cuyo objetivo es acercar al Juez o Jueza el estudio y la valoración de los factores sociales del caso para contribuir a la mejor resolución posible. Puede ser solicitado por el Juez o Jueza, por los abogados de las partes o por las propias partes.

Los procesos judiciales en los que se puede recurrir a un perito social son, entre otros:

• Incapacitaciones y pensiones
• Resoluciones de discapacidad y de dependencia.
• Acoso escolar, laboral o inmobiliario.
• Parejas (nulidad, separación, divorcio o parejas de hecho)
• Familia (resoluciones de acogimiento, adopción, guarda y custodia, régimen de visitas, pensiones alimenticias o compensatorias).
• Penal (responsabilidad penal, determinaciones de la pena, medidas alternativas, indultos u otros regímenes).
• Penitenciario (seguimiento de libertades vigiladas, medidas alternativas a prisión y trabajos comunitarios)
• Desahucios
• Indemnizaciones por daño producido (accidentes de tráfico, accidentes laborales, negligencias médicas o responsabilidad decenal)
• Fundamentación de indemnizaciones para la cobertura de necesidades sociales.